Minería ilegal amenaza Parque Nacional Cordillera Azul

ESTAS ACTIVIDADES ILICITAS ESTARÍAN CONTAMINANDO LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DE ESTA ÁREA DE CONSERVACIÓN.

Aún con presencia tímida, todo hace parecer que la minería ilegal, en la región, va ganando terreno, y no será una sorpresa que dentro de algunos años, ésta, junto a la deforestación, sea un problema que los organismos ambientales, tendrán que combatir.
La destrucción de un campamento, junto a equipos de extracción de minerales, ocurrida el pasado 15 de febrero del 2013, en el sector Santa Cruz, en el distrito tocachino de Nuevo Progreso, significaron dos realidades, que no se pueden esconder: la presencia innegable de un número cada vez mayor de mineros ilegales en la Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ), provenientes de Madre de Dios, y la reacción tardía de los agentes fiscalizadores, como la dirección regional de Energía y Minas, Policía Nacional y, por supuesto, de la fiscalía medioambiental, esto a razón de que se tuvo “que esperar”, casi un año para que las acciones de intervención se efectuaran en esta zona que, a todas luces, se puede apreciar una avanzada contaminación de los suelos y la vegetación.

INTERVENCIONES
Mediante información de Alvarado Quinto Inuma, guardaparque del PNCAZ, el jefe de esta Área Natural Protegida (ANP), Frank Oyola Ojeda, le informa al director regional de Energía y Minas, Rafael Renjifo Castillo que en una inspección, en el sector del río Chipurana, jurisdicción del distrito de Huimbayoc, se constató la presencia de mineros ilegales, quienes estaban realizando trabajos de minería artesanal ilegal. “Ante esta situación, existe una alerta por parte de esta Jefatura frente a la minería artesanal ilegal, que podría atentar seriamente con los recursos ubicados en la zona de amortiguamiento del PNCAZ”, le advierte.
En efecto, en la inspección que realizó el mencionado guardaparque, junto a las autoridades locales, del 12 al 23 de junio de 2011, se pudo conocer que en ese sector, venían trabajando tres personas, uno de ellos, se identificó como Presentación Tumi Carrión, quien decía ser el representante de Fidel Argandoña Zarate, supuesto dueño de las máquinas, una draga Motobomba, un motor de luz y una deslizadora, las cuales son utilizadas en la actividad minera artesanal.
El nombre de Argondoña Zarate no es ajeno, ni nuevo para la DREM, pues el titular de este sector, ofició un documento del 9 de agosto, al jefe del PNCAZ, en el cual se le informa que el mencionado empresario, con anterioridad peticionó dos concesiones mineras, PACHACUTEC 2010 y PACHACUTEC 2010-I. Al respecto de estas peticiones Renjifo Castillo, en el mismo documento le hace recordar que su jefatura, emitió una opinión favorable para el otorgamiento de títulos de concesión.
Sin embargo, sobre el particular, el asesor legal de la DREM, Ilich Noriga Aguilar, indicó en su momento, que si estos petitorios mineros se encuentran en trámite, “esto no le da el derecho para iniciar las actividades de explotación minera. El abogado sostuvo que Argondoña Zarate, debería obtener primero su título de concesión minera y también cumplir una serie de requisitos, como la Certificación ambiental, de Inexistencia de restos arqueológicos, permiso de utilización de tierras, y otros; por ello recomendó interponer una denuncia penal contra el mencionado empresario, por el delito de hurto o de extracción ilegal de mineral y, por supuesto, delito ambiental.

FORÁNEOS Y EXTRANJEROS
El 7 de enero del 2012, el responsable del Centro de Guardaparques 53 de Shapaja, Felipe Sarmiento Huancas, a través de un informe técnico, le pone de conocimiento al jefe de la PNCAZ, de la existencia de no solamente un área de extracción sino de cuatro, ubicados bajo geo referencia, en el sector Alto Colombia, centro poblado Colombia, distrito de Nuevo Progreso, provincia de Tocache. En estas áreas, el personal guardabosque advirtió la presencia de cerca de seis personas trabajando en la extracción de mineral aurífero (oro), cuyo dueño de los campamentos, refirieron los intervenidos, se encuentra en Tingo María. Los intervenidos se identificaron como Luis Alberto Mozombite, Jorge Herrera, Sergio Pizango Campos, Manolo Romero Rodríguez, Carlos Riveyro Da Silva Y Eronildo Freyre Dapaz, estos dos últimos de nacionalidad brasilera.
Asimismo los resultados de la inspección arrojaron lo que toda actividad ilegal de tipo minero deja como secuela: minerales que se encuentran dentro de un sólido de profundidad, represamiento y canalización de agua, remoción del suelo, alteración de fajas marginales del río Pacota, en la quebrada Shimbillo, y uso del suelo para el depósito de materiales no utilizables (relaves, desechos peligrosos o sustancias tóxicas).

PETITORIOS Y CONCESIONES
Según un informe sobre la minería en San Martín, elaborado el 2009, por la Ong Amazónicos por la amazonia (AMPA), en la región amazónica existe entre concesiones mineras y petitorios un total de 320, de los cuales 135 corresponden a concesiones ya otorgadas, haciendo un total de 100 mil 568.200 hectáreas y 185 petitorios mineros, haciendo un total de superficie solicitada de 149,700 hectáreas. Haciendo la sumatoria entre ambas más de 250,000 hectáreas que ya están concesionadas o que han sido solicitadas para alguna actividad minera en su mayoría de categoría metálica.
El informe también revela que estas concesiones estarían generando un sinnúmero de conflictos socioambientales, incluso afectando la provisión de bienes y servicios ambientales que proporcionan éstas áreas, ya que existe la superposición de 36 concesiones y 78 petitorios en diversas áreas de conservación (tales como áreas naturales protegidas por el estado, áreas de conservación regional, áreas de conservación municipal, concesiones para conservación y zonas reservadas).

DIARIO HOY.